Según la Oficina de Asuntos Católicos, son aproximadamente 2,6 millones de soles los que el Estado le entrega anualmente a la Iglesia católica. Este presupuesto suele ser más de la mitad del que se tiene para el programa de Promoción de la Libertad Religiosa y Conciencia, el cual tiene como objetivo apoyar a todas las organizaciones religiosas en la promoción y protección de la libertad religiosa y de conciencia en el país. Además, este mismo presupuesto excede – citando cifras del presupuesto nacional – a sectores primordiales en educación y salud, como el sector de educación básica especial o el Programa Nacional Salud del Adolescente.

Por si fuera poco, la Ley de Libertad Religiosa pone, en una ironía que resulta cómica, a la Iglesia católica en condición de Persona Jurídica de Derecho Público; mientras que, en un acto que no tiene otra clasificación más que discriminatorio, la misma ley ubica a las “Entidades Religiosas Distintas a la católica” como Personas Jurídicas de Derecho Privado. Esto le da a la Iglesia católica beneficios como exoneraciones al Impuesto a la Renta, al I.G.V. y al Impuesto Predial. Al mismo tiempo, paga sueldos, pensiones y asignaciones económicas del bolsillo de todos nosotros. A todo esto, se me olvidó – y parece que a ellos también – mencionar que el Estado peruano es laico.

Las justificaciones siempre son las mismas: “según el último censo, el 76% de los peruanos son católicos” y “la iglesia ha sido y sigue siendo muy importante en la sociedad peruana”. Para responder a estas inconexas premisas, empezando por la segunda, haré hincapié en cuestiones de las que no se habla tanto, pero que no deberíamos dejar pasar.

En lo que va del 2023, según la Defensoría del Pueblo, hay más de 100 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y 111 tentativas de feminicidio. En medio de esta coyuntura, el Estado continúa subvencionando – con privilegios incluidos – a una organización que tiene en sus bases que la mujer nació de la costilla del hombre. Un discurso machista que el papa Francisco camufla hoy en día bajo la sutil premisa de “la mujer ya tiene un rol en la Iglesia”, cuando se le pregunta el por qué su cargo no ha, ni podría, ser ocupado por una mujer. Reconociendo así, que una mujer nunca podría ocupar el rol más importante de la iglesia, por ser mujer.

La cuestión no termina ahí; en un país que necesita reconciliación y un mundo que exige tolerancia, la Iglesia católica les dice a las mujeres que han tenido que abortar, a la comunidad LGTBI y a cualquiera que no piense como ellos, – no sin antes ponerles el cartel de pecadores – que Dios los “acepta y perdona”.

Por si esto no fuera suficiente, en una sociedad donde el peruano carece cada vez más de pensamiento crítico, – reflejado en la prueba PISA del 2018, en dónde se comprobó que estamos muy por debajo de otros países de la región en ese aspecto – la Iglesia continúa ejerciendo un rol importante en la limitación del mismo. Ejemplos de esto hay muchos, como, por ejemplo, las posturas contrarias que toman ante la educación sexual integral, limitando así, la toma de decisiones informadas de los jóvenes acerca de la sexualidad; y las limitaciones a la investigación científica, sobre todo con las relacionadas a las células madre embrionarias – justificado en una creencia de dignidad inviolable de la vida humana desde su concepción –, las que pueden ayudar a desarrollar tratamientos para diferentes enfermedades y comprender el desarrollo y prevención de las mismas.

Aquí tenemos que añadir otro de los puntos más fuertes – y en el que se suele hacer mayor énfasis – que demuestran la incoherencia detrás de esta subvención: la discriminación. Como se señaló al inicio, la única Iglesia que cuenta con todos los beneficios inherentes a la condición de Persona Jurídica de Derecho Público, es la católica. No todos los peruanos son católicos, en base a esto, resulta ilógico pensar que hay quienes pagan los sueldos y pensiones de una Iglesia que pertenece a una religión que ellos no practican.

En resumen, la Iglesia católica recibe una subvención absurda e irracional por parte del Estado peruano. Esta reflexión no se limita al carácter discriminatorio de dicho accionar, sino que también argumenta en base a las limitaciones sociales y de pensamiento que implican el darle este poder a la Iglesia. No se trata sobre satanizar a la iglesia, ni mirar con mala cara a quien sea fiel de la misma; pues, no entender otras opiniones sería caer en lo mismo. Se trata sobre que el mundo ha cambiado su forma de pensar, mientras que en la Iglesia solo cambiaron la forma en la que dicen lo que piensan.