En los últimos ocho meses, 64 empresas de transporte han sido afectadas por extorsiones, según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). En paralelo, más del 70% de las empresas formales de combis y buses en Lima y Callao declaran haber sido extorsionadas. A algunos les queman sus vehículos, a otros los acribillan y a todos les cobran cupos a punta de bala.

En medio de esta crisis, los transportistas protestan, marchan, detienen sus servicios y hacen visible su desesperación. No por capricho, sino por supervivencia. El paro nacional del 14 de mayo de este año fue la última expresión de este hartazgo. Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte declaró que no sintió el paro.

¿No será que gobierna desde una dimensión paralela, protegida por un campo de fuerza y con un Perú perfecto y libre de problemas?

La señora presidenta no sintió el paro, pero los ciudadanos que se quedaron sin movilidad, los transportistas que lloraron a sus compañeros asesinados y los barrios sitiados por mafias sí lo sienten. Todos los días.

La declaración, más que un desliz, fue una bofetada. No es la primera vez que Boluarte minimiza la gravedad del asunto. Ya en abril dijo, sin sonrojarse, que “pierde el Perú, el empresario y el conductor” cuando hay paro, como si esos empresarios y conductores no estuvieran protestando precisamente porque están perdiendo todo: su trabajo, su seguridad y la certeza de volver con sus familias.

Mientras tanto, todo empeora. La Policía Nacional ha reforzado algunas acciones, como operativos con la ATU, y el Gobierno ha declarado estados de emergencia en 11 distritos de Lima. Pero el efecto ha sido más mediático que real. Las extorsiones se han apoderado de Lima Norte y Sur, sin freno. En San Juan de Lurigancho, los propios transportistas se han visto obligados a levantarse contra las bandas de extorsionadores, hartos de que el Estado no llegue.

En medio de esta pesadilla, El Comercio reveló que muchas rutas están bajo amenaza, y que los criminales ya tienen ubicados puntos estratégicos donde operan con total impunidad. Las mafias piden cupos y ejecutan asesinatos, colocan explosivos, y, como si fuera poco, tienen posibles vínculos con el Congreso, como indica una investigación del diario El País.

¿En qué momento normalizamos que los choferes tengan que pagar para trabajar y rezar para no morir?

¿Desde cuando el Gobierno y nuestros representantes políticos tienen tan poca compasión por los ciudadanos?

Lo peor es que la solución estatal parece reducida a declaraciones vacías y promesas sin seguimiento. La presidenta afirma que “la Policía ya está tras los extorsionadores”, pero en las calles la realidad cuenta otra historia. Basta con el ejemplo de los choferes de la ruta 49, quienes dejaron trabajar por más de una semana por temor a los ataques. “Las extorsiones ya se han legalizado, sólo queda negociar con ellos”, afirmaron.

¿Cómo llegamos a este punto, donde el Estado ha perdido la capacidad de garantizar el derecho más básico de todos como la vida?

Las protestas no son el problema: son el síntoma de un sistema que no escucha hasta que estalla el descontento. Un sistema que ha permitido que bandas criminales tomen el control del transporte público, mientras nuestras autoridades se lavan las manos. La ATU, aunque ha lanzado campañas y protocolos, no tiene el poder ni el presupuesto para enfrentar un problema de esta magnitud. Y mientras tanto, la Presidenta afirma en su portal institucional que “ya están actuando” , sin dar cifras ni resultados claros. Es más brinda datos relacionados a hurto y robos, mas no a las extorsiones que dice tanto combatir. Ni una palabra sobre los asesinados. Ni una visita a las familias. Ni un gesto de empatía.

¿Hasta cuándo vamos a tolerar este abandono? ¿Hasta cuándo los muertos van a ser simples estadísticas? Estamos en un país donde ser chofer es prácticamente una sentencia de muerte.

El Gobierno le ha dado la espalda a los transportistas. Parece ser que aprendieron a no escuchar, a no ver y a no sentir. Pero hay algo que sí se siente cada día más fuerte: la rabia, la impotencia y el grito de quienes siguen transitando por Lima con miedo de que el próximo viaje sea el último.

 

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