Tenía 11 años y era mi fiesta de promoción de primaria. Llevaba un vestido turquesa con faldón amplio, el peinado alto y más maquillaje del que había usado en toda mi vida.

Escuché tantos “qué bien te ves” que, en lugar de alegrarme, me dejaron inquieto. Había una sensación rara de que algo en mí no encajaba con lo que los demás celebraban; sentía que estaba disfrazado, actuando un papel ajeno.

Mucho antes de decir en voz alta “soy un chico trans”, empecé a sospechar que había otras formas de existir. En redes vi a personas hablando de transmasculinidades y de cambiar de nombre y pronombres, y por primera vez encontré palabras que se parecían a lo que sentía desde niño.

A los 16 empecé a usar el nombre de Iván con amistades de confianza. Hoy mi transición es social: mi nombre, mi ropa, cómo me presento en la universidad. Aún no he podido acceder a hormonización ni a un cambio legal de nombre porque el proceso es caro, centralizado y agotador.

Cuando empecé a presentarme como Iván fuera de mi círculo cercano, descubrí que el miedo no era solo interno: también venía de las miradas y de las instituciones. En la calle, basta que mi voz suene “muy aguda” o que alguien vea mi DNI para que aparezcan las risas, las preguntas incómodas o el silencio pesado.

Un estudio del Consorcio de Investigación Económica y Social, que revisó más de 200 expedientes de cambio de nombre y sexo, mostró sentencias llenas de estereotipos y exigencias humillantes para “probar” la identidad de las personas trans. El propio Ministerio de Justicia reconoce que en el Perú no existe una ley de identidad de género y que hay un vacío en el procedimiento para actualizar nombre y sexo en los documentos.

El mensaje es claro: incluso si cumples todo, el sistema te cuestiona primero y te cree después, si quiere.

Es verdad que hay historias que terminan bien, pero casi todas vienen acompañadas de una batalla que no cualquiera puede dar.

En 2021, Dania Elizabeth Calderón se convirtió en la primera mujer trans peruana en conseguir que un juez ordene cambiar su nombre y su sexo en el DNI sin exigirle una operación quirúrgica, algo que antes se tomaba como “requisito”. Su caso se presenta como “ruta legal de ejemplo” para otras personas trans.

Nadie niega que es una victoria importante, pero, como esta y otras más, no debería ser una hazaña individual reservada para quienes tienen acceso a abogados, redes de apoyo y tiempo para resistir el desgaste.

Mis amigos usan mi nombre, mis profesores me llaman Iván en clase y, por unas horas, el aula deja de ser un campo de batalla con mi DNI. Ese apoyo parece pequeño, pero en un país donde muchos ni siquiera pueden decirle a su familia quiénes son, vale oro.

Con la salud pasa algo parecido. Para hormonarse con acompañamiento médico, la mayoría tiene que ir a especialistas privados en Lima. Un tratamiento hormonal para cambio de género puede empezar alrededor de los S/1500. Además, cada mes, hombres y mujeres trans deben costear ampollas para el tratamiento, que rondan los S/80 y S/90 por unidad.

Al final, muchas personas trans terminan comprando por canales informales o automedicándose porque el sistema público no está preparado para atenderlas sin patologizarlas.

No tiene por qué ser así. En Argentina, por ejemplo, existe la Ley 26743 de Identidad de Género, sancionada en 2012. En Uruguay, la Ley 19684, aprobada en 2018. En Chile, la Ley 21120, vigente desde 2019. Todas esas normas permiten cambiar de nombre y marcador de género mediante un trámite simple y reconocen los tratamientos hormonales como parte del derecho a la salud.

El problema no es falta de ejemplos en la región. Sin embargo, sin una ley de identidad de género, vivir nuestra identidad en Perú continúa siendo un privilegio para quienes pueden costearlo, mientras el resto queda atrapado entre un cuerpo que quiere cambiar y un Estado que mira hacia otro lado.

A pesar de todo, no estoy solo. Mis amigos usan mi nombre, mis profesores me llaman Iván en clase y, por unas horas, el aula deja de ser un campo de batalla con mi DNI.

Ese apoyo parece pequeño, pero en un país donde muchos ni siquiera pueden decirle a su familia quiénes son, vale oro.

También existen espacios creados por la comunidad, como La Rodri, una casa para transmasculinidades y personas no binarias ubicada en Barranco. Estos lugares prueban que, cuando el Estado nos da la espalda, somos nosotros quienes construimos redes para sobrevivir.

Hoy puedo decir “me llamo Iván” con más seguridad que antes, aunque el miedo no haya desaparecido del todo.

Mi transición social ha sido, sobre todo, aprender a dejar de disculparme por existir. Si pudiera hablar con ese niño de 11 años, disfrazado con un vestido turquesa en su fiesta de promoción, le diría que no está enfermo ni equivocado, que no tiene que encajar en un molde que nunca eligió. Y a quien se reconozca en estas líneas le diría que no está solo y que su vida vale más de lo que este país le ha hecho creer.

**Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente del autor y no reflejan necesariamente las opiniones o puntos de vista de la Universidad Científica del Sur, sus directivos, empleados o afiliados. La Universidad Científica del Sur no se hace responsable de la veracidad, integridad o exactitud de los datos y opiniones presentados en este artículo. Cualquier acción tomada basada en la información contenida en esta columna es bajo el propio riesgo del lector.